Telefonía Celular para Diputados

En vista de la manera en que nuestros legisladores están impulsando un "registro nacional de celulares" sin tener la más remota idea de la barbaridad que están aprobando, creo que vale la pena darles una breve explicación de cómo funciona la telefonía celular.

Señor Diputado: ésto es un teléfono móvil. Es un aparato electrónico que sirve para hacer llamadas telefónicas desde cualquier parte sin necesidad de utilizar cables. Tal vez está familiarizado con ellos e incluso los utiliza frecuentemente para hablar con su detalle o para que le aparten mesa en la Fonda de Doña Pelos. Sin embargo, aunque le parezcan como cosa de magia, no funcionan mandando cotorritos de un teléfono a otro, como lo vio en Los Picapiedra.

Para que los teléfonos celulares funcionen, necesitan estar cerca de una de estas cosas. Se llaman "antenas" y su razón de ser es la de conectar los equipos con la red telefónica sin necesidad de enchufar ningún cable. No es tan complicado: funciona más o menos de la misma manera en que llega a su "jumer" la señal de la Ke-buena que usted disfruta todas las mañanas.

El teléfono sólo funciona cuando está cerca de una antena. Esa es la razón de que haya tantas antenas en la calle, no están ahí nada más de adorno. Las antenas se colocan en una ciudad de forma más o menos uniforme, formando una red donde a cada antena se le conoce como celda. Y por ese motivo, a las redes de telefonía móvil se les conoce como redes celulares.

Para poder utilizar un teléfono celular, no basta con tener un aparato y estar cerca de una antena. Hay que tener contratado el servicio de telefonía celular con un operador, de la misma manera en que los ciudadanos comunes y corrientes debemos contratar los servicios de agua, luz y teléfono para nuestra casa. En México existen dos modalidades básicas de contratación de servicios de telefonía móvil: prepago y postpago.

Postpago significa que el cliente firma con el operador un contrato de prestación de servicios mediante el cual se compromete a pagar puntualmente su consumo cada fin de mes. Este tipo de cliente está perfectamente identificado: el operador sabe perfectamente cómo se llama y dónde vive para poderle (mandar romper las patas) enviar recordatorios en caso de que se atrase en sus pagos. Con el servicio de prepago el usuario paga su consumo comprando tarjetas, o fichas equivalentes a una cantidad predeterminada de dinero o de minutos de tiempo aire. Y al contratar el servicio, el usuario de todas formas necesita acreditar su identidad y su domicilio. Esto significa que, para cualquier línea telefónica celular, el operador conoce la identidad de la persona que contrató el servicio.

Sin embargo, en muchos casos la persona que contrata el servicio celular no es la misma que lo utiliza. Es lo más normal. Por ejemplo, los padres le compran teléfonos celulares a sus hijos, los hijos le regalan teléfonos celulares a sus padres, el Diputado se compra un segundo celular que sólo su amante conoce, y la empresa le compra teléfonos a sus empleados. No sólo una persona puede comprarle una línea telefónica a quien se le pegue la gana, sino que tiene todo el derecho de hacerlo.

Ahora bien, un teléfono celular y una línea telefónica son dos cosas separadas. Un gran porcentaje de los usuarios de telefonía celular en México tienen en sus teléfonos una pequeña tableta llamada SIM Card que puede cambiarse de equipo sin necesidad de recontratar una nueva línea. Así, una persona puede comprar un teléfono nuevo o usado y seguir utilizando su servicio sin necesidad de realizar trámites adicionales. No sólo puede comprar otro equipo cuando se le dé la gana, sino que tiene todo el derecho de hacerlo.

El Dictamen de la Comisión de Comunicaciones recién aprobado por el Congreso, tiene como objetivo "Establecer como obligación del Ejecutivo Federal, supervisar a través de la Comisión Federal de Telecomunicaciones la elaboración y actualización por parte de los concesionarios del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, así como de diversas medidas que garanticen la identificación y ubicación de los usuarios que adquieren un Chip Inteligente (SIM CARD) para acceder a la red de telefonía pública. Tipificar como delito grave la extorsión vía telefónica, por correo electrónico y radiolocalizadotes, entre otros medios electrónicos e informáticos de comunicación. Asimismo, establecer como obligación de los concesionarios de conservar los datos de registro y control de las comunicaciones realizadas desde cualquier tipo de línea que utilice numeración propia o arrendada, bajo cualquier modalidad hasta por 12 meses, contados a partir de la fecha en que se haya producido la comunicación, debiendo entregar esos datos al procurador General de la república o procuradores de las entidades federativas cuando realicen funciones de investigación de los delitos antes mencionados."

En otras palabras, la nueva ley que se está aprobando prevé la creación de un "Registro Nacional de Celulares" con el pretexto de que hay criminales que utilizan el teléfono celular para realizar extorsiones y secuestros. Básicamente, cuando un usuario contrate un servicio de telefonía celular se le solicitará no sólo una identificación oficial y un comprobante de domicilio, sino hasta su huella digital. Los concesionarios registrarán los datos del domicilio "para poder rastrear e identificar llamadas" en caso necesario. Los usuarios de telefonía celular tendrán un plazo de dos años para ir a "registrar sus teléfonos" o les será cancelado el servicio. Y no sólo eso: estará prohibido cambiar de teléfono sin avisarle al concesionario y a la autoridad competente "para que el servicio sea bloqueado mientras el nuevo dueño realiza el proceso de registro". Y además, los operadores telefónicos tendrán la obligación de espiarnos a todos guardando nuestras llamadas telefónicas y mensajes durante 12 meses. A lo mejor porque intervenir llamadas celulares se ha vuelto muy difícil desde que todos los operadores tienen redes 3G.

Señor Diputado, lamento decirle que esta iniciativa es un gran error. Es ceder a la tentación del fascismo y obligar a los ciudadanos a renunciar a su derecho a la privacidad y a elegir. Es estúpido realizar un "Registro Nacional de Celulares" cuando ese registro ya existe: todas las telefónicas saben perfectamente a quién le vendieron sus líneas. También es estúpido asumir que las llamadas telefónicas se hacen desde el domicilio de la persona que contrató el servicio: sobre todo cuando la red celular sabe en todo momento dónde están todos los teléfonos celulares que están conectados a ella. Y aún hay más... todos los teléfonos fabricados desde 2005 cuentan con una funcionalidad llamada "E911" que permite no sólo ubicar teléfonos para casos como los que están describiendo en la ley, sino también para ubicar automáticamente desde dónde se está emitiendo una llamada de emergencia.

Hay que recordar que la mayoría de las extorsiones se llevan a cabo desde las cárceles, con líneas y teléfonos celulares robados e introducidos ilegalmente. Por ese motivo, el Registro Nacional de Celulares es una farsa: a lo mucho va a servir para saber a quién le robaron el teléfono con el que extorsionaron a alguien.

Señor Diputado: si de verdad desean evitar la extorsión celular, la solución no es tratar a los millones de usuarios de telefonía celular en México como secuestradores y extorsionadores en potencia. Más bien, el problema debe resolverse prohibiendo completamente la existencia de antenas celulares en los alrededores de las cárceles, simplificando el proceso de denuncia de robo de celulares (¿alguna vez lo han intentado?), emitiendo leyes que permitan a las autoridades solicitar información a los operadores de telefonía sobre sospechosos de haber cometido delitos, (sólo mediante la orden de un juez) y sobre todo, acabando con la corrupción que permite que teléfonos celulares, drogas y armas lleguen a las prisiones en primer lugar.

No estoy de acuerdo en que se le restrinja el derecho de los usuarios a decidir cuándo, como y para quién compran sus líneas telefónicas de forma discreta y privada, nada más porque el gobierno ha demostrado ser completamente incompetente para evitar que los criminales hagan llamadas de extorsión desde sus propias instalaciones. Señor Diputado: recuerde que una sociedad que está dispuesta a sacrificar sus libertades con el pretexto de tener más seguridad no merece ninguna de las dos, y terminará perdiendo a ambas. Mucho ojo.