
Hay alrededor de 83 millones de líneas de teléfono celular en el país. Oficialmente, 25.9 millones de éstas, prácticamente la tercera parte, no se registraron oportunamente en el RENAUT a pesar de haber contado con un año para hacerlo, y a partir de media noche debieron ser bloqueadas. De los alrededor de 57 millones que se registraron, podría apostar que al menos una tercera parte no lo hizo a nombre del usuario final del teléfono: Muchos jefes de familia registraron a su nombre el teléfono de sus hijos, muchas empresas registraron sus celulares a nombre del representante legal y una gran cantidad de desconfiados decidieron no dar su nombre registrando su celular a nombre de políticos o figuras públicas. Se dice que tan sólo a nombre de Felipe Calderón Hinojosa se registraron 11 mil teléfonos.
Ante este fracaso tan estrepitoso, si viviéramos en cualquier otro país, a esta hora los titulares de la COFETEL y del RENAPO ya habrían presentado su renuncia con carácter irrevocable, aunque fuera bajo el eufemismo de "por motivos de salud". La Presidencia de la República ya habría salido a anunciar la marcha atrás en lo que a este tema se refiere para anunciar en su lugar medidas que realmente sean útiles contra el delito de extorsión telefónica, como establecer mecanismos para ubicar rápidamente números celulares que estén siendo usados para extorsión, eficientar los mecanismos para reportar y bloquear teléfonos robados, retirar antenas celulares de las inmediaciones de los centros penitenciarios, establecer mecanismos para cancelar tarjetas de prepago robadas o utilizadas como pago en extorsiones y bloquear las líneas en las que éstas hayan sido activadas, y la implantación del sistema E-911 en México, con el cual son compatibles todos los teléfonos celulares producidos a partir de 2002. Desafortunadamente, vivimos en México, y aquí nunca pasa nada.
El abierto rechazo de una buena parte de la población al RENAUT no puede leerse como "la mexicana costumbre de dejar las cosas a última hora". El rechazo al RENAUT es un termómetro de la desconfianza que la población tiene en el gobierno. Y la verdad, no sale muy bien parado que digamos. Casi 26 millones de mexicanos desconfían de su gobierno al grado de rehusarse a proporcionarle información tan básica como su teléfono celular en un trámite "que podía hacerse en 5 minutos", aunque eso signifique perder su número celular. De los que quedan, muchos cumplieron con el trámite usando el CURP de otra persona, pero también se van a rehusar a la hora que les pidan ir a un módulo de RENAPO con el pretexto de refrendar su registro y dejar información más sensible, como sus huellas digitales.
En un país donde el ejército está planeando una "guerra contra el crimen organizado" que involucra patrullar y combatir al enemigo en las calles durante 10 años, y donde están por unificarse las policías en una sola agrupación paramilitar, iniciativas como el RENAUT y el Registro Nacional de Población con datos biométricos levanta muchas suspicacias. Después de todo no es una idea nueva, hace unos 80 años se demostró cuán eficaz pueden ser este tipo de medidas para acabar con los enemigos del Estado: Se llamaba Schutzstaffel, de la que dependía la Geheime Staats Polizei. Las infames SS y Gestapo Nazis. Tan honda huella dejaron las SS en la historia, que la Organización de las Naciones Unidas se creó con la finalidad expresa de que nunca surgiera otra Schutzstaffel en el mundo. Desafortunadamente, sabemos que eso no ocurrió. Pero al menos podemos estar alertas para que eso no pase en México.
Es importante exigir que el Estado cumpla con su oblicación de garantizar la seguridad. Pero no a costa de sacrificar nuestras libertades. Hacerlo significa perder ambas en un corto, cortísimo plazo.